3×3

Analistas coinciden en que independientemente de quién gane una elección presidencial, el flujo de personas saliendo de Venezuela continuará mientras continúe la crisis humanitaria compleja

Advierten que una una victoria de la oposición no garantiza en el corto plazo una mejoría de la calidad de vida del venezolano 

De acuerdo a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 7,7 millones de personas han salido de Venezuela en búsqueda de protección y una mejor calidad de vida. De esa cantidad, más de un millón han solicitado asilo y 230 mil refugio.

El Observatorio de la Diáspora Venezolana precisa que la migración venezolana está distribuida en 90 países y casi 400 ciudades del mundo.

Según estos datos, en los últimos 25 años Venezuela podría haber experimentado una reducción poblacional mayor al 25%, superando movilizaciones de países en guerra como Ucrania, Siria y Afganistán.

La crisis humanitaria compleja ha arrojado al resto del mundo a los venezolanos y tal parece que la diáspora  continuará sin importar quién gane las elecciones presidenciales previstas para este año.

Según la socióloga Ligia Bolívar, la doctora en en geografía y experta en migración, Madison González, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Eduardo Trujillo, las razones para migrar de Venezuela siguen existiendo y no se avizora una disminución del flujo a corto plazo.

¿Qué se espera para este 2024, año supuestamente electoral, de la migración venezolana?, ¿En que podría incidir una eventual victoria del chavismo?

Ligia Bolívar, socióloga

-Independientemente de lo que suceda con las elecciones (si es que las hay), en noviembre de 2023, HumVenezuela publicó un informe que habla de un aumento del 8% al 13,4% en las personas con intención de migrar, la mayoría fuera del país. Eso indica que más allá de lo que suceda en los comicios presidenciales el panorama no ha cambiado y eso sigue generando que las personas salgan. La perspectiva para 2024 es de mayor migración y cada vez en condiciones más precarias porque las personas que están saliendo tienen cada vez menos recursos para iniciar una nueva vida. 

Madison González, doctora en geografía y experta en migración

-El movimiento migratorio venezolano que comenzó en 2015 ha sido impulsado mayoritariamente por causas políticas y económicas. Las personas que salieron de Venezuela porque fueron perseguidas por razones de carácter político tienen el mismo escenario. De ganar el chavismo, el ambiente político no va a cambiar, por lo tanto, quienes se fueron huyendo por eso no volverán. Creo que una nueva derrota de la oposición podría propiciar una mayor migración, sin embargo, las causas políticas y económicas por las cuales salieron millones de personas de Venezuela no han cambiado, por eso el movimiento va a seguir independientemente de quien gane en una elección presidencial. Las personas en su mayoría se van buscando mejoras en sus necesidades básicas: alimento, trabajo, servicios, educación, salud, etc…Todos estos elementos continúan sin ser garantizados en Venezuela. El movimiento migratorio venezolano se ha convertido en una diáspora, van creciendo redes a través de esta, cada vez hay más personas afianzadas afuera y que dudo regresen.

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB

-El escenario electoral aún es indeterminado, pero a efectos de movilidad humana, la elección genera expectativas y esperanzas. Si esas expectativas y esperanzas coinciden con la victoria de un candidato en particular, lo lógico es pensar que el flujo de personas en movilidad debe disminuir y si ocurre lo contrario, debería aumentar.

¿El movimiento migratorio seguirá en Venezuela así se produzca un cambio político o esto podría provocar una paralización del éxodo o incluso el regreso de millones?

Ligia Bolívar

-Aunque hubiese un cambio político, los resultados sociales de cualquier nueva administración no pueden controlar la inflación a corto plazo, reconstruir escuelas, recuperar los sistemas de alimentación y la seguridad social. La gente si hay un cambio no va a salir corriendo para Venezuela, porque ya saben lo que es tener calidad de vida. Algunos regresarán, pero no de manera inmediata, porque las condiciones no van a mejorar de la noche a la mañana. Muchas personas hicieron vida fuera del país y es complicado, tienen trabajos y relaciones y eso hace que la persona genere un arraigo con el país de acogida. Eso también depende de las condiciones en las que se viva en las naciones receptoras, si la gente tiene calidad de vida no va a salir corriendo de vuelta. Para que el país recupere la estabilidad pasarán años porque es grande el nivel de destrucción.  

Madison González 

–No creo que haya un regreso masivo porque las causas que motivaron la salida no han cambiado, se regresarán algunos que alcanzaron sus metas materiales o quienes lo hagan por cuestiones emocionales o personales. Venezuela está anclada en el pasado, a nivel tecnológico, social, de diversidad, entre otras cosas y las personas ya no están dispuestas a vivir bajo un régimen socio militar. Puede que si algo mejora un sector retorne para explorar, pueden haber movimientos circulares y pendulares, pero no creo que se cristalice un retorno significativo para quedarse.

Eduardo Trujillo

-Tengo la impresión de que el flujo migratorio continuará porque hay condiciones estructurales en el ámbito económico y en el acceso a derechos que no han variado ni variarán en el corto plazo, por tanto esas condiciones negativas de acceso a bienes y servicios, son incentivos para esos procesos de movilidad

¿Cuál es el balance a un año del parole humanitario decretado por el presidente Joe Biden, ha servido para frenar el tránsito irregular a Estados Unidos?

Ligia Bolívar

-Lamentablemente, el tránsito irregular hacia Estados Unidos no ha sido frenado por el parole humanitario, 2023 presentó cifras récords de tránsito por el Darién y la mayoría de esas personas son de nacionalidad venezolana. La mayoría de las capturas de los oficiales de migración de Estados Unidos fue a venezolanos y la mayoría que transitan por la nueva ruta de San Andrés hacia Nicaragua son también venezolanos. El parole ha tenido un efecto muy limitado, si lo que intentaba era frenar el tránsito irregular no lo ha logrado.  

Madison González 

-Nosotros los venezolanos tenemos la idea de que la gente migra solo para Estados Unidos y eso no es así, desde que comenzó la diáspora la gente ha acudido a países como Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Argentina por decir algunos. Estados Unidos no es el destino principal, aunque pareciera por lo que muestran los medios de comunicación. El TPS y el parole humanitario han influido porque mucha gente se ha planificado en torno a eso. La peligrosidad que representa irse por la selva del Darién y cruzar Centroamérica hacia Estados Unidos imposibilita un real flujo migratorio considerable de venezolanos. Las personas están buscando otras alternativas y entre esas está Europa, donde en España, por ejemplo, acaban de subir el número de solicitudes de asilo. 

Eduardo Trujillo

-Ha servido para regular un proceso puertas adentro de Estados Unidos, pero los riesgos que corren las personas en tránsito terrestre a través de Colombia y América Central son impresionantes. Entre ellos, la trata y el tráfico de personas, la explotación sexual, el trabajo por alimentos, el secuestro, sin contar los accidentes asociados a la naturaleza.   

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Analistas coinciden en que el régimen madurista no suspendió la primaria de la oposición porque apostaba a su fracaso y a la baja participación. Al percatarse de la masiva convocatoria sacó la carta que siempre suele jugar: la del Tribunal Supremo de Justicia 

Puntualizan que la oposición debe mantenerse firme en la defensa de la primaria y la búsqueda de estrategias comunes que permitan una alianza nacional con miras a las presidenciales de 2024

No descartan que el Gobierno vuelva a aplicar una lista Tascón, sin embargo, aclaran que los venezolanos ya perdieron el miedo ante métodos de coerción y chantaje  

Con la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de desconocer los resultados de la primaria del pasado 22 de octubre y a su ganadora María Corina Machado, el Gobierno de Nicolás Maduro le metió una patada a los acuerdos suscritos con la Plataforma Unitaria en Barbados.

Frente a testigos de la comunidad internacional, ambos bandos habían acordado en la isla del Caribe el diseño de una ruta electoral inclusiva que respetase la escogencia de los candidatos a la contienda presidencial de 2024.

Sin embargo, el desconocimiento a la primaria dejó claro que el madurismo está dispuesto a cumplir solo con su percepción de los acuerdos y no con el rubricado en Barbados. La demostración más fidedigna son las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, luego del proceso opositor, quien dijo que el 98% de las peticiones hechas al órgano comicial por sectores que participaron en el diálogo fueron cumplidas. 

En Runrunes analizamos las eventuales consecuencias del desconocimiento a la primaria y a su ganadora María Corina Machado por parte del régimen con la colaboración del director de Datanálisis, Luis Vicente León; la investigadora y profesora universitaria Mariana Bacalao y Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Democracia.  

¿Por qué el Gobierno de Maduro no suspendió la primaria antes de llevarse a cabo, cuál es el propósito de anular algo que ya sucedió? 

Luis Vicente León: El Gobierno venezolano estaba interesado en impedir que la primaria opositora ocurriera, sabía que el costo de esta podía ser importante en términos de unificación opositora y en el fortalecimiento del liderazgo de María Corina, más allá de que están decididos a no habilitarla. Al  final había dos requerimientos para poder avanzar en las negociaciones de Barbados: el primero era el permitir que la primaria ocurriera y que no fuese alterada en términos de su ejecución en la calle, ¿entonces qué le quedaba al Gobierno? Para no bloquear las negociaciones prefirió sacrificar el tema de impedir la primaria antes de realizarse, pensando que iba a ser muy difícil organizarla y que la abstención iba a ser elevada. Pero una vez que esto no fue así y que el Gobierno de Estados Unidos empieza a presionar para que habiliten a MCM con la amenaza de echar hacia atrás la flexibilización de las sanciones, entonces sacó la carta del TSJ. Es oportuno aclarar que el Gobierno venezolano realmente nunca se comprometió a habilitar a María Corina, eso no estaba nunca en la mesa de negociación, el Gobierno nunca lo ofreció a cambio de nada.

Mariana Bacalao: No las suspendió antes porque subestimó las capacidades, en primer lugar de los ciudadanos, pero también las de las organizaciones, partidos y liderazgos políticos. Pensó que bastaría con amedrentar, dividir, torpedear y tratar de descalificar y minimizar todo el proceso. Se estrelló de frente contra la cantera de civismo y valores democráticos que aún vive, como parte de la herencia de la democracia representativa. Mucho se habla sobre la oposición venezolana, subestimando las capacidades del grupo que está en el poder. En esta ocasión pasó exactamente lo contrario. El modelo autoritario tiene un objetivo superior: la permanencia en el poder. Y justamente eso fue lo que sintieron amenazado con el proceso de primaria. Porque esa “rebelión electoral” en un proceso transparente, la primaria demostró que son derrotables. Adicionalmente, fue una derrota en el plano electoral. Desde los eventos del 11 de abril de 2002 el poder se apropió de una narrativa en la que eran “víctimas” de una oposición no democrática. El 22 de octubre de 2023 le arrebata la máscara al poder. Tenemos una dirigencia política de oposición y a sus principales factores montados en una ruta de participación electoral como un camino de expresión ciudadana. Y tenemos a unos ciudadanos que, en medio de una emergencia humanitaria compleja, salieron a participar a pesar de la desinformación, de las penurias y de los obstáculos. Se apropiaron del proceso y lo llevaron un nivel más allá: lo convirtieron en ejercicio de resistencia civil.

Griselda Colina: Yo creo que es importante entender que en el actual contexto político para el Gobierno significaba un costo muy alto, impedir o bloquear la primaria, era preferible apostar por la posibilidad de que el proceso opositor explotara desde adentro. Considero además que no hubo una conciencia clara de las posibilidades reales que iba a despertar la primaria en la población y de la participación tan alta que iba a tener, creo que eso fue subestimado también por el Gobierno.

¿Cómo debería actuar la oposición que ha brindado apoyo a la escogencia de María Corina Machado como candidata presidencial? 

Luis Vicente León: La oposición tiene que defender su primaria, los resultados y los derechos constitucionales y legales, eso es un tema ético y no lo puede abandonar rápidamente, sin embargo, tenemos que entender que todo esto va más allá de MCM, esto va en cómo se estructura la oposición para poder competir, para garantizar que se de una elección presidencial confiable, unificar a la gente. Después del duelo inicial tiene que ir hacia un proceso de racionalización que busque su Plan B para no abandonar la ruta de la participación, porque al final el problema no es María Corina, el asunto es que el Gobierno tiene un bajo nivel de aceptación popular y que prácticamente cualquiera los pondría en aprietos desde el punto de vista de ese resultado, así que la oposición tiene que buscar alternativas y probablemente la sustitución para seguir en la lucha seguramente en condiciones inadecuadas, porque los procesos de transición son así, no son inmediatos, son procesos en los que vas ganando terreno en el tiempo.      

Mariana Bacalao: Las organizaciones que fueron parte de la primaria firmaron un acuerdo y además no se puede obviar el respaldo que obtuvo María Corina, que la legitima en el presente como líder popular y eje central de cara a la voluntad ciudadana. Se plantea un consenso que la reconozca como candidata y principal rival de Maduro para las elecciones de 2024. Es cierto que la gente quiere un cambio que se traduzca en mejoras directas en sus vidas. También es cierto que María Corina recibió 9 de cada 10 votos en las elecciones. No es casualidad o “porque estaba corriendo sola”. El dato estadístico es que solo 1 de cada 10 electores se decantó por alguno de los candidatos del G-4. La gente espera que asuma el rol que se ganó, como líder y como candidata, y esperan también que las fuerzas y sectores de la alternativa democrática se activen para reclamar ese triunfo conquistado. La gente eligió una propuesta que encara al régimen de fuerza, que entiende que no es posible lograr cambios y reformas significativas si no se logra una verdadera transición hacia un gobierno democrático. Ha sido parte de un proceso, pero hoy esa es la visión que entusiasma y moviliza, que despierta “al gigante dormido” del que hablan las teorías de participación y opinión pública. Toca entonces aferrarse a la ruta electoral y construir las tensiones y presiones que aumenten las probabilidades de unas elecciones con garantías. Toca articularse y activarse para exigir la rehabilitación de los derechos políticos de todos los venezolanos, y eso por supuesto incluye el derecho de ella a ser candidata presidencial. Toca también dar señales concretas de que están interpretando el mensaje de esos más de dos millones de electores sobre un estilo patriarcal y machista, que también está en crisis y fluir en esa nueva correlación de fuerzas. Todo esto es lógicamente mucho trabajo. Es un ejercicio de inteligencia colectiva, de sinergia entre todas las estructuras, en donde todos hacen falta, todos los demócratas. Es un ejercicio de equilibrio, en el que debemos desechar las creencias limitantes, sin caer en el pesimismo, el conformismo o promover que la realidad del momento es inalterable. La experiencia de la primaria demuestra que es posible.

Griselda Colina: Tanto la sentencia como las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno obedecen a unas reacciones que justamente tienen que ver con lo inesperado del éxito de la primaria y la movilización ciudadana. Esta medida del TSJ es una reacción que está dirigida a la escasa base electoral del Gobierno, a los más radicales, dejando claro que tienen una fuerza con la que reaccionar, sin embargo, queda expuesto que no hay independencia de poderes porque todas las instituciones públicas están orbitando alrededor de una maniobra política que busca frenar una acción democrática convocada por los factores de la oposición. Los actores tienen que hacer una evaluación de si esto necesariamente rompe con los acuerdos de Barbados, han habido declaraciones de ambas partes, pero también silencios importantes que demuestran una valoración sobre los acuerdos y las posibilidades que se abren de cara a 2024. La oposición tiene un gran reto y eso pasa por leer el momento político, mantenerse en la ruta electoral, la exigencia de las garantías constitucionales no sólo en los comicios presidenciales sino también con miras a las parlamentarias, regionales y locales de 2025. Algo que ha recalcado María Corina y otros factores de la oposición es la necesidad de mantener una gran alianza nacional, un programa de Gobierno común que convoque a la ciudadanía que desea un cambio político.

3-¿Con las sentencia del TSJ que exige a los integrantes de la Comisión Primaria la entrega de los cuadernos de votación se viene una nueva lista Tascón? ¿Cuál cree que va a ser la reacción de la comunidad internacional involucrada en los acuerdos, especialmente de los Estados Unidos que aceptó flexibilizar las sanciones en materia energética?

Luis Vicente León: Con respecto a la posibilidad de una nueva lista Tascón, obviamente es un riesgo, pero no creo que esa sea la búsqueda en realidad, no creo que eso sea lo que el Gobierno está buscando, pero lo puede hacer y además con eso amenaza, amedrenta e intenta buscar algún mecanismo de temor frente a los factores que puedan tener dependencia del Estado como los empleados públicos. El tema real más bien es invalidar la propia elección primaria, ratificar la inhabilitación de MCM y mandar un mensaje muy claro de que no está dispuesto a hacer lo que la oposición está pidiendo. La decisión del TSJ complica la relación entre Venezuela y Estados Unidos, que es lo verdaderamente relevante, porque al final quien es dueño de las sanciones y quien puede restringir las licencias es EEUU. Parte de las flexibilizaciones son cosas que EEUU necesita o desea, entonces, sí creo que va a tener costos, que van a haber algunas acciones de la administración de Biden, pero no creo que será un regreso al status quo anterior, no me parece que esa sea la ruta, yo creo que ellos van a buscar alternativas distintas para poder restringir algunas cosas, pero no la eliminación general de todo, porque al final eso también sería como escupir para arriba dentro de sus propios intereses.  

Mariana Bacalao: El gobierno está en una coyuntura muy delicada. Tal vez la más difícil que haya enfrentado hasta el momento. Electoralmente está en su punto más bajo. Necesita con urgencia los recursos económicos para tratar de elevar sus apoyos y capacidades en el marco de las elecciones presidenciales de 2024. Pero también sabe que ha perdido la posibilidad de transformar el dinero en bienestar, pues el deterioro en la calidad de vida de la gente es profundo. Su competitividad electoral podría aumentar, pero nunca lo suficiente como para enfrentarse a un fenómeno y a una oposición que persiga un objetivo superior y común en el marco de una negociación. Adicionalmente, la primaria opositora también tuvo su eco en el bloque del Gobierno. Un efecto de espejo desenterrado que plantea preguntas y conversaciones incómodas, entre otras: ¿debe ser Nicolás Maduro el candidato presidencial? Se configuran entonces varios dilemas existenciales. Está en medio de una crisis de representación que, de haber existido respeto a los derechos civiles y políticos, se hubiera resuelto en las urnas hace años. Como ese proceso fue torpedeado hoy el péndulo de los ciclos de las coaliciones electorales se presenta como un tsunami para superar el modelo autoritario y darle paso a un sistema de libertades y derechos. El gobierno sabe que ya no representa la esperanza. Hay una élite, un establishment conformado por grupos oligárquicos que viven en lo que las mayorías perciben como realidades paralelas, desconectados, alejados de las penurias de las mayorías. Han fallado en la reconfiguración de la estructura social que fue la bandera originaria del chavismo. El fracaso en la reducción de la desigualdad es inocultable: en la distribución de los ingresos, en el aumento de los conflictos políticos y sociales, en la incidencia y poder del crimen organizado y en la opacidad de los procesos de rendición de cuentas. Todo eso ha implosionado la legitimidad y la gobernabilidad.  Todo eso configura una ventana de oportunidades para las fuerzas democráticas. Pero tal y como lo advertía el sociólogo Norbert Lechner, la tarea fundamental es “sincronizar los tiempos objetivos de la política con los tiempos subjetivos de la sociedad”, en un contexto autoritario. La pretensión de anular un hecho consumado mina el camino electoral y abre espacios a la violencia, es una violación a los acuerdos de Barbados, pero también a una serie de derechos y garantías fundamentales. No existe manera de justificar las persecuciones y la violación a esos derechos y garantías. Y tendría un alto costo. La comunidad internacional está muy atenta. Dentro del chavismo hay grupos y liderazgos a los que les interesa el día después, entienden que hay posibilidades de desarrollarse políticamente después de una transición y apoyarían un proceso negociado.

Griselda Colina: Estamos en un momento distinto, considero que la expresión que queda más clara después de la primaria es que la represión, extorsión, coerción e intimidación tiene un techo y la gente se cansó, está harta y no tiene miedo de expresarse en el marco de la franja de la participación, porque es un derecho a la posibilidad de vivir mejor, frente a eso no hay lista que valga, los venezolanos no están contando con una bolsa de alimentos que cada vez es peor y que no satisface sus necesidades. Ese clientelismo electoral que antes funcionaba ya no está funcionando y al Gobierno le toca evaluar sus políticas, ellos están intentando captar la atención de una población que ya no tiene esperanza en ellos. Más que intimidación y represión, el Gobierno está en una estrategia de ver cómo recuperan algo de esa base electoral que perdieron. Las reacciones que hasta ahora hemos visto del secretario general de la ONU (Antonio Guterres), del secretario de Estado de Estados Unidos (Antony Blinken), así como de voceros de la Unión Europea demuestran que hay una evaluación cercana del cumplimiento de los acuerdos de Barbados y sus eventuales consecuencias. Ciertamente, el diálogo tiene que apuntar hacia el restablecimiento de una democracia sólida en Venezuela y la vía electoral es fundamental para poder avanzar en ese camino.    

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Analistas consultados por Runrunes consideraron poco probable que la ganadora de la primaria opositora del pasado 22 de octubre ceda su puesto a un reemplazo 

Sentenciaron que la oposición debe enfilar las negociaciones con el régimen de Maduro y el Gobierno de los Estados Unidos para destrabar la inhabilitación de la líder del partido Vente Venezuela  

Aseguraron que el madurismo y sectores de la oposición harán lo impensable por desacreditar a Machado y los resultados de la primaria 

Con 92,35% de aprobación o lo que es igual a 2.253.825 votos, la abanderada del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, arrasó en la elección primaria opositora efectuada el pasado domingo 22 de octubre.

Machado obtuvo 2.141.302 votos más que el segundo en los comicios, Carlos Prosperi de Acción Democrática, cuyo porcentaje fue de apenas 4,61%.

Esta incuestionable victoria no sorprendió a la opinión pública y dejó claro que a los venezolanos no les intimidó la inhabilitación administrativa que fabricó el Gobierno de Maduro a través de la Contraloría General de la República apenas en junio de este año para impedir que MCM se postule a las elecciones presidenciales de 2024.

La pregunta que todo el país se hace es ¿Y ahora qué? ¿Cómo el triunfo de MCM podría traducirse en una candidatura presidencial si no dejan inscribir su postulación en el Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Horas después de la primaria, líderes del oficialismo como Diosdado Cabello (primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela), Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional chavista), la llamada primera combatiente Cilia Flores y el propio Nicolás Maduro tildaron el  proceso como un fraude. 

Flores solicitó judicializar a los organizadores de la primaria, y como si estuviese siguiendo instrucciones, el fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación penal contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidente respectivamente del proceso electoral. Tanto a Casal como a Camero se les señala de los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En Runrunes conversamos con María Verónica Torres Gianvittorio, abogada constitucionalista, consultora política y profesora universitaria; Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar (USB) y María Alejandra Semprún, politóloga, antropóloga y docente universitaria para dilucidar lo que podría acontecer luego de la primaria.

¿Después de los resultados de la primaria qué estrategia debería aplicar MCM y la oposición, qué viene ahora? 

-María Verónica Torres Gianvittorio: Después de la primaria vienen dos hitos importantes, el primero es que por mandato ciudadano MCM debe ser incluida inmediatamente en las negociaciones con el Gobierno y los Estados Unidos. Los acuerdos deberían ser revisados bajo esta nueva circunstancia porque la representatividad política del país recae sobre MCM y no sobre los factores que fueron a Barbados. El segundo es que comienza una época de largo aliento para 2024, será una campaña con boicot al mandato ciudadano otorgado a MCM. Tanto el Gobierno como la oposición que fue a Barbados van a trabajar el tema de deslegitimar a MCM ante la opinión pública, pero es muy difícil que esto ocurra con un 90% de respaldo. Puede que la violencia física no la veamos, pero sí puede haber violencia hacia el entorno de MCM, es decir, hostigamiento contra miembros de su equipo.

-Daniel Varnagy: MCM tiene que desarrollar, ampliar, difundir y hacer deglutir su plan de Gobierno denominado “Venezuela, tierra de Gracia”. Ahí están los elementos fundamentales de su pensamiento político, económico y social. Debe explicar de manera clara, diáfana y que llegue a todos los estratos sociales y económicos la forma en la cual los pensamientos y propuestas económicas liberales son superiores y sustituyen a las políticas económicas centralizadoras y restrictivas de los sistemas de izquierda. En este punto también debe luchar en contra del arquetipo establecido en estos últimos años de que el Estado es el dueño de los grandes aparatos de producción y que la privatización es un pecado. Debe establecer una clara hoja de ruta en la cual indique cómo piensa restablecer la armonía en la relación cívico-militar, manteniendo el monopolio de la seguridad en ese estamento, pero restableciendo un estado de derecho civil y civilista, donde haya una taxativa separación de poderes y se restablezca (aunque suene cacofónico) la confianza no solamente en la justicia, sino en la separación de poderes y en la independencia de los mismos.  

-María Alejandra Semprún: La estrategia es establecer un solo frente, sin dispersiones. Aunque algunos piensen que la candidata no sea la adecuada, se debe tener una meta común, cuando se logre el cambio del actual grupo de Gobierno ya llegará el momento, mediante mecanismos constitucionales, de elegir otro presidente. La tarea de la candidata y la oposición es una solo meta común, entonces hay que conciliar y unir esfuerzos.

Pareciera que el chavismo no va a retroceder en su afán de mantener inhabilitada a MCM ¿Estaría MCM dispuesta a aplicar un Plan B, buscar un reemplazo, presionar dentro y fuera de Venezuela o todas las anteriores?

-María Verónica Torres Gianvittorio: Es la primera vez que funciona de manera tan eficaz la presión ciudadana con unas primarias autogestionadas sin partidos políticos, en el núcleo más íntimo de la sociedad sigue la intención de recuperar la democracia, pudiéramos llamarla una vena republicana, la pequeña legitimación de los acuerdos de Barbados se debe a la presión de las primarias. No estoy a favor de los acuerdos, pero sí reconozco que la presión de las primarias aceleró los acuerdos, la victoria no es de los acuerdos, estos son una entrega desproporcionada de prebendas a cambio de un compromiso que genera incertidumbre. En ese sentido es apropiado aclarar que sin primarias no hubiese acuerdos. Es importante recalcar que el Plan B de MCM es ser presidenta ¿Cómo lo va a lograr? Con presión ciudadana. Yo creo que enfocarnos en la inhabilitación es hacerle el juego al Gobierno, ante el 90% de apoyo popular la inhabilitación queda en un segundo plano, hay que ocuparse de habilitarla y no buscar otro candidato, la habilitación tiene que ser la vía.

-Daniel Varnagy: En mi pensamiento hay una gran influencia de la extraordinaria filósofa y política del siglo XX, Hannah Arendt. Ella nos indicaba que lo inesperado es una parte consustancial del hecho político. Los análisis previos a la primaria no se pueden aplicar luego de haber conocido el resultado de las mismas. Antes las inhabilitaciones como tema solo abordaban algunas esferas de interés, después de la primaria, el tema de la inhabilitación política de una candidata presidencial es un interés de orden global, no me cabe la menor duda de que este formará parte no solamente de las negociaciones conocidas, sino del lobby político que se lleve a cabo en ámbitos mucho menos visibles. Me resulta impensable que MCM esté dispuesta a traicionar a la sociedad civil venezolana y a sus votantes buscando reemplazos.

-María Alejandra Semprún: Hay varios escenarios posibles. El Gobierno parece firme en no rehabilitar. Se abren entonces varias opciones, en primer lugar la unidad puede presionar de alguna forma al Gobierno para habilitar, pueden darse protestas violentas otra vez, pero personalmente no lo creo. Puede que las negociaciones que hagan tras bastidores logren que el Gobierno ceda por presiones de tipo económico. Si esto llegara a ocurrir el Ejecutivo encontraría de alguna manera la forma de ceder sin lucir derrotado, perder con aires de triunfo. También puede ser que MCM contagie y traspase simbólicamente su carisma a otro candidato, que prometa tenerla a ella en su equipo de Gobierno, incluso en la vicepresidencia.

¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno para torpedear la primaria y el resultado de esta, ocultando además su impopularidad. A sabiendas inclusive de que están pateando unos acuerdos recién firmados que le traerán en teoría cierto oxígeno económico?

-María Verónica Torres Gianvittorio: Las posibilidades del Gobierno para torpedear el resultado de las primarias son infinitas porque ellos tienen el control de todo en el país, adivinarlas es prácticamente imposible. Los intereses de ambos (Gobierno y Plataforma Unitaria) eran precisamente que MCM no se contara, en las condiciones del acuerdo no hablan del tema de la inhabilitación, dicen que hay condiciones electorales, pero en realidad no las hay, esos acuerdos fueron firmados antes de la primaria porque ya conocían los resultados.  

-Daniel Varnagy: Visto lo que ha acontecido en estos últimos 24 años y recordando los golpes de Estado de los cuales fue víctima la democracia venezolana en la última parte del siglo XX y que finalmente sus protagonistas obtuvieron el poder hasta esta fecha, estoy perfectamente claro de que el camino está muy lejos de ser ideal de cara a los principios que deberían regirse en todos aquellos países en los cuales el Gobierno está al servicio de la sociedad y no al revés. Pienso que vendrán distintas escaramuzas y con distintos niveles de intensidad, en diversos ámbitos, desde los más personales hasta los institucionales para evitar que dicha candidatura llegue al término de una presidencia de la República. Pero del mismo modo y con la misma intensidad, estoy perfectamente claro de la férrea voluntad del nuevo liderazgo de la sociedad civil venezolana y de su abanderada en obtener dicho cargo y cambiar los destinos y el rumbo del país.  

-María Alejandra Semprún: El Gobierno puede atreverse a todo. Pero tiene frente a sí a dos factores que lo frenan, la opinión pública internacional, alimentada además por los informes de organismos internacionales sobre derechos humanos, y por otra parte las limitaciones económicas que han significado las sanciones de Estados Unidos y Europa. Venezuela con sus alianzas con Rusia, India, China, Irán y el resto de la comunidad árabe había logrado sobreponerse a estas sanciones, pero ahora con la guerra de Ucrania y el conflicto Israel-Hamas no está fácil.  

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Más interrogantes que certezas giran en torno a los opositores inhabilitados de cara a las elecciones presidenciales de 2024 luego de la firma de los acuerdos entre Gobierno y oposición en Barbados 

Mientras el jefe de la bancada chavista Jorge Rodríguez descarta que el pacto incluya una eventual futura habilitación a los sancionados por la Contraloría, su par en la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, sostiene que el documento deja una puerta abierta a políticos como Maria Corina Machado 

La tarde del martes 17 de octubre los ojos de los venezolanos estaban posados en dos eventos: uno era el juego de la selección de fútbol venezolana frente a su par de Chile en las eliminatorias al Mundial 2026 efectuado en Maturín y el otro, la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados. 

En el primer evento Venezuela salió airosa al imponerse 3-0 al combinado visitante con goles de Yeferson Soteldo, Salomón Rondón y Darwin Machís. En el segundo algunos pidieron la intervención del VAR (Video Assistant Referee) para dilucidar lo que expresan los tratados en torno a las inhabilitaciones políticas.

A la salida de la firma de los acuerdos, Jorge Rodríguez, el jefe de la comitiva oficialista, expuso que estos no incluyen este punto e instó al mundo entero a respetar las decisiones tomadas por las instituciones venezolanas dominadas por el chavismo.

Por otro lado, Gerardo Blyde, el líder de la representación de la Plataforma Unitaria, indicó que el armisticio deja una posibilidad abierta a los opositores actualmente inhabilitados por el régimen madurista.

Desde Estados Unidos indicaron que si el madurismo juega posición adelantada y no reconsidera librar del penalti a los inhabilitados antes de finales de noviembre, sacará su tarjeta roja para vetar la flexibilización de sanciones que permite oxigenar las operaciones en materia de petróleo, gas y oro.

Independientemente de esta incertidumbre, se celebró que las partes se hayan encontrado después de 11 meses de forfait, como quienes se enfrentan en un estadio con uniformes distintos y respectivas aficiones bajo el escrutinio de un árbitro imparcial.

La comunidad internacional aplaudió el pacto que, en teoría, abona el camino hacia el rescate de unas elecciones presidenciales libres y transparentes en 2024, lo que podría traducirse como un gol olímpico si llegase a suceder.

Respeto a los candidatos escogidos por las partes, actualización y apertura total del Registro Electoral Permanente, garantías de cobertura en el proceso comicial para los representantes de los medios de comunicación y elecciones fijadas para el segundo semestre de 2024 son algunos de los preacuerdos firmados por chavistas y opositores en la isla del Caribe.

En Runrunes consultamos a los politólogos John Magdaleno y Colette Capriles y a la directora del Observatorio Global de Democracia Griselda Colina sobre estos acuerdos y sus posibles repercusiones.

 ¿Hay razones para ser optimistas en torno a estos acuerdos?, ¿Alguna diferencia entre esta reunión en Barbados y las anteriores de las cuales no se obtuvieron resultados concretos y favorables?

John Magdaleno: «Hablando con cierta frialdad, no esperemos un acuerdo integral y que ya volvimos a la democracia, en regímenes autoritarios eso no sucede. No aguardemos por acuerdos integrales porque no van a llegar, lo que se busca es que se restituyan las garantías de una manera gradual y, por ello, no me extraña que los acuerdos sean parciales. Las transiciones a la democracia se producen con eventos de envergadura o negociaciones. Si uno lee el acuerdo con detalle, el primer avance es un reconocimiento explícito del Gobierno de que no cumple lo establecido en la Constitución, habrá avances en la medida en que el Estado pueda cumplir con lo acordado, si todo se cumple podríamos estar viendo una liberalización política, la primera fase a una transición. También, podríamos esperar que el Gobierno incumpla con lo acordado como ya lo ha hecho previamente, por eso es importante hacerle seguimiento a lo firmado. Nada de lo que se tiene hasta hoy está garantizado, pero el Gobierno concede esto porque entiendo está urgido de incrementar el volumen de recursos disponibles».

Griselda Colina: «El acuerdo tiene que ser recibido como una señal positiva para el país y no para ninguna de las partes. En primer lugar, marca el retorno de los bandos en conflicto a un escenario formal de negociación, el acuerdo deja en evidencia cuáles son los énfasis en torno al tema electoral. A mi juicio, hay cuatro puntos que hay que destacar, el primero tiene que ver con el respeto a los mecanismos internos de selección de candidaturas, eso pasar por dejar que la primaria se haga y por respetar los resultados de esa consulta de la Plataforma Unitaria. El segundo es el tema del Registro Electoral no solo en Venezuela sino en el exterior, es importante que haya quedado por escrito; el tercero concierne a la observación internacional, el hecho de que hayan nombrado a la Unión Europea, al Centro Carter y a la ONU es un paso importante que se debe reconocer, y por último, lo que tiene que ver con el equilibrio en los medios de comunicación, el acceso de los candidatos a los espacios públicos y privados, los permisos para la cobertura de corresponsales nacionales y extranjeros y el equilibrio en las redes sociales».

Colette Capriles: «La verdad es que ninguna negociación ha fracasado. Todas han ido construyendo una agenda y unas condiciones para negociar. Lo que es cierto es que ninguno de los procesos anteriores a 2020 había tenido los resultados que ha tenido éste, empezando por el Memorándum de Entendimiento de 2021, que es un marco muy importante para arrancar la nueva etapa de la negociación que ha producido tres acuerdos parciales muy significativos. Lo que hoy ha cambiado es que la negociación se produjo y se va a seguir produciendo en un marco político y geopolítico muy distinto a momentos anteriores. Lo primero es que hay disposición real a negociar por ambas partes y que el factor externo, a saber, la comunidad internacional y especialmente el gobierno de Estados Unidos, también se han comprometido con la vía de la negociación como única ruta para que se vaya desarrollando un proceso progresivo de solución del conflicto y de apertura democrática. Los riesgos existen, para que los acuerdos se materialicen deben involucrarse muchos actores y debe haber una voluntad política seria. En general, creo que vamos a ver avances importantes y limitaciones, también por parte de actores que no quieren la reinstitucionalización del país ni la solución del conflicto ni el cambio político por vía electoral. Mi opinión sobre los acuerdos suscritos es que son un gran salto adelante en la dirección correcta. Por una parte, se garantizan condiciones electorales institucionales, apegadas a la ley; por otra parte, se establece un mecanismo institucional para tratar los casos de candidatos inhabilitados y para impedir que ese mecanismo arbitrario siga utilizándose».

 No quedó claro en el acuerdo el tema de las inhabilitaciones, algunos dan por sentado que opositores como María Corina Machado no podrán inscribirse en una eventual candidatura presidencial, otros piensan que el pacto deja la puerta abierta para una hipotética habilitación ¿Qué pensar de esto? 

JM: «Sin las inhabilitaciones el régimen político de Maduro habrá perdido su principal herramienta, es un tema complejo, no se habla específicamente de esto en los acuerdos, en mi opinión se abre un compás para discutirlo. Recuerdo que en una reunión en Bruselas, ese fue un tema que se trató, el Gobierno dijo que podría comprometerse a no inhabilitar a más gente, pero que no podía levantar inhabilitaciones ya hechas. Dudo mucho y veo poco probable al día de hoy que se habiliten a inhabilitados, dudo mucho que el Gobierno vaya a dejar a un lado ese instrumento que es el único que le queda para apartar del camino a posibles amenazas para perder el poder». 

GC: «En el primer punto del acuerdo se habla de mecanismos de selección, si estás realmente comprometido a respetar los mecanismos internos de selección de candidaturas, tienes que respetar el voto de las personas. El tema de las inhabilitaciones está muy claro en las leyes venezolanas, las inhabilitaciones políticas no pueden ser por una medida administrativa, hay acuerdos y tratados internacionales que defienden esto, el mismo presidente de Colombia Gustavo Petro lo dijo. Las inhabilitaciones políticas obedecen a una sentencia definitiva firme por un tema judicial y ninguno de los inhabilitados en la primaria tiene una sentencia firme, eso no puede impedir la postulación a un cargo público, mucho menos si proviene de un mecanismo de consulta como la primaria».

CC: «Las inhabilitaciones son un asunto político que el Gobierno de Maduro ha manejado utilizando las instituciones. No han sido decisiones abiertas del Ejecutivo sino decisiones políticas encubiertas a través de subterfugios institucionales torcidos. En el punto 11 de la tercera cláusula queda establecido con toda claridad que la legalidad y legitimidad de las inhabilitaciones serán revisadas y puestas a derecho. No es cuestión de que un inhabilitado se inscriba, es cuestión de que desaparezca la potestad de la Contraloría para seguir con las inhabilitaciones. Por lo tanto, se trata de una cláusula que conduce a rectificar esos procedimientos y sus resultados. Por otra parte, no olvidemos que María Corina Machado no está inhabilitada, esta cláusula le permite proteger su candidatura contra ese tipo de procedimiento».

 Hay quienes argumentan que los acuerdos se centran básicamente en el tema electoral y dejan a un lado los temas sociales, como el ajuste del salario mínimo, por ejemplo. ¿No se le dio prioridad a esto?

JM: «No se habla mucho de lo social porque la prioridad es lo político electoral en vista de que estamos a las puertas de una elección presidencial, hubiese sido deseable que se mencionase algo del Fondo Humanitario que se había pensado en 2022 y que nunca se instrumentó, pero esa es la prioridad que establecieron los actores que firmaron los acuerdos». 

GC: «El año pasado se firmó un acuerdo social para establecer un Fondo que no solamente no se ejecutó, sino que no tuvo dolientes porque no había voluntad de las partes. La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela no fue causada por una guerra o un desastre natural, está vinculada al conflicto político, esa es la realidad, mientras no se resuelva este conflicto esa EHC no se va a resolver, uno de los elementos para poder transformar el conflicto pasa por realizar elecciones libres que permitan que haya un cambio político, tienen que haber otros elementos que garanticen gobernabilidad y reinstitucionalización. El acuerdo es inicial, es incipiente, marca una ruta que es positiva, pero tenemos que monitorear eso». 

CC: «El tema de la ayuda humanitaria asociado al acuerdo social firmado en noviembre del año pasado va a activarse en cuanto la ONU, como ya ha sido anunciado, establezca los mecanismos financieros para  hacerlo. Es una arquitectura financiera compleja que ya está diseñada y que justamente vendrá a ponerse en práctica en la medida en que estos acuerdos recién suscritos se vayan desarrollando. La hecatombe económica necesitará varios años para enderezarse, pero estos acuerdos van en esa dirección. La oposición ha terminado por coincidir estratégicamente en el sentido de comprometerse con la vía electoral y política para el cambio, y con la idea de que hay que abordar de inmediato los terribles problemas de calidad de vida que tiene la población. El Gobierno de Maduro, por su parte, está dispuesto a mejorar las instituciones y acudir a unas elecciones más competitivas a cambio de tener más capacidad para tener gestión pública que le de más chance de ganar elecciones y ser reconocido como legítimo. Esas son motivaciones e intereses que no estaban planteados en procesos anteriores. Lo más esperanzador es que seguirá activo el mecanismo de negociación, y esperaría que este se convirtiera en un asunto de importancia nacional».

Como en las eliminatorias para el Mundial, todo está muy crudo. Las pocas jornadas que van hasta ahora son insuficientes para establecer quiénes serán los que asistan al torneo de 2026. Por ahora solo queda decir «mano, tengo fe».

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Maduro regresó a Venezuela de China con más de 30 acuerdos firmados y la promesa de la reactivación de la economía con la ayuda del gigante asiático

Analistas consideran que además de ir a buscar dinero para sortear las sanciones estadounidenses fue en pos de reconocimiento internacional previo a unas elecciones presidenciales 

Consideran que estos acuerdos no se traducirán en una mejora a corto plazo de la situación económica del venezolano 

“Quedaron locos toditos, con los ojos claros y sin vista cuando me vieron en China”, dijo Nicolás Maduro a su regreso a Venezuela de una gira internacional que lo llevó al país asiático, Argelia y por supuesto su destino predilecto, Cuba.

Maduro fue recibido por el presidente chino Xi Jinping, quien según él lo invitó. “Estuvimos siete días, cumpliendo un plan y atendiendo a la invitación muy especial para hacer una visita de Estado que me hizo mi compañero, amigo y hermano mayor”.

Maduro afirmó que, entre otras cosas, China apoyará a Venezuela en la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, sin embargo no informó qué empresa se encargará de hacer esto ni ofreció detalles sobre el supuesto convenio firmado por los dos países.

Según Maduro, además del eléctrico se rubricaron 30 acuerdos en materia de infraestructura y construcción, industrial, ambiental, educativo, científico y tecnológico, turismo, aeroespacial, salud, comunicaciones, minero, telecomunicaciones y social. 

No conforme con que durante la permanencia del chavismo en el poder de Venezuela han salido mas de 7 millones de personas, en su discurso durante la reunión con el mandatario asiático, Maduro sentenció que ambas naciones acordaron formar a jóvenes venezolanos como astronautas con miras a mandarlos a la luna.

“La subcomisión de cooperación científica, tecnológica, industrial y aeroespacial tendrá como símbolo, más temprano que tarde, la llegada del primer hombre, de la primera mujer venezolana a la Luna en una nave espacial de China”, declaró Maduro.

Maduro también informó que más de 30 empresas venezolanas manifestaron su disposición de participar en la Feria Internacional de Importaciones, la cual tendrá lugar en China del 5 al 10 de noviembre de este año. 

A propósito del periplo de Maduro, Runrunes consultó a la internacionalista Elsa Cardozo, el analista político John Magdaleno y el economista Luis Oliveros. 

 ¿Busca Maduro en realidad alianzas estratégicas para mejorar la economía o su fin es meramente de reconocimiento político internacional? 

-Elsa Cardozo: «El régimen de Maduro busca en China oxígeno económico, que está por verse si se materializa, pero nada indica que sirva en lo inmediato al monedero para la campaña electoral. También busca oxígeno político en su campaña por la “normalización autoritaria”, de descalificación de denuncias, informes y procedimientos sobre violaciones de derechos humanos y contra las sanciones internacionales. Allí hay coincidencias con China. Publicitarlas con la visita y los discursos sirve al empeño por “normalizar”. Sin embargo, esto se ve empañado por la reiteración de la continuación del proceso en la Corte Penal Internacional, por las reiteraciones sobre la ‘intensificación de los ataques al espacio cívico y democrático’ documentada en el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y, de la mayor importancia, por el sostenimiento de las presiones de los venezolanos y de Gobiernos democráticos por condiciones para elecciones presidenciales libres en 2024″.

-John Magdaleno: «Creo que el viaje a China lo que busca es procurar restablecer o mejorar la relación con el Gobierno de ese país y eventualmente explorar nuevas oportunidades futuras, creo que el imperativo estratégico del Gobierno madurista es enviar señales de una reactivación más sostenible de la que ha habido hasta la fecha. Parece que es una jugada de Maduro para enviar señales de recuperación, pese a la recesión técnica que hubo en el primer semestre de este año, sin embargo no queda muy claro que consiguió en la práctica».

-Luis Oliveros: «Obviamente Maduro tiene que vender esa gira como algo muy exitoso, está en pleno juego geopolítico con los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas que China te abra las puertas, que te reciba el presidente Xi Jinping es una buena noticia, habría que ver en qué mejora la situación económica, no creo que vayamos a ver dinero fresco chino entrando a Venezuela, eso no está ni cerca».

 ¿Maduro podría sortear las sanciones con ayuda de China, también un claro oponente ideológico al Gobierno estadounidense? 

-Elsa Cardozo: «La visita, los 31 acuerdos anunciados y el ascenso de la relación bilateral a la de ‘asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo’ ocurren en un momento en que Xi Jinping, con insistencia en que la perspectiva de China es estratégica y de “largo plazo”, desafía más abiertamente la hegemonía de Estados Unidos, pero sin que la geopolítica desplace las consideraciones económicas».

-John Magdaleno: «Una posible implicación en esta visita es enviarle un mensaje al Gobierno estadounidense. Esa me parece una lectura interesante. ¿Pero en verdad el gobierno venezolano puede evadir o aliviar el impacto de las sanciones norteamericanas, construyendo una estrategia de reinserción internacional con China? Es una pregunta que hay que hacerse».

-Luis Oliveros: «El mensaje que Maduro buscaba era que un país como China lo apoya y por eso lo recibió su máxima autoridad. ¿Viene dinero fresco? Yo en realidad no lo creo, pero sí creo que podríamos ver algunos convenios o alianzas que probablemente mejoren en algo la economía. Maduro habló de muchos aspectos sobre ese viaje. Desde cosas para el sistema eléctrico, hasta asesoría para la constitución de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)».

 ¿Hay entonces alguna posibilidad de que China invierta en la Venezuela inflacionaria como lo hicieron en el pasado durante la época chavista?

-Elsa Cardozo: «Desde la creación de los grandes Fondos (Conjunto y Gran Volumen Largo Plazo) está presente la opacidad de las relaciones con China, tanto en las negociaciones, acuerdos y su ecuación (como la ha diagnosticado y analizado Transparencia Venezuela). Ese es un ineludible punto de partida para el análisis del alcance de lo anunciado durante la visita de Maduro a China. De allí que entre las preguntas que conviene hacerse, y tratar de responder sobre el momento de la visita, es si algo ha cambiado en la relación, particularmente tras el freno al flujo de créditos desde 2016. Conviene considerar que la perspectiva estratégica de China tiene alcance global y Venezuela no tiene la misma relevancia que tuvo en los años de los grandes fondos, tanto más si se mantiene el derrumbe institucional».

-John Magdaleno: «Maduro está buscando nuevas oportunidades de negocio y reactivar de alguna forma la economía. Da la impresión de que si desea aliviar seriamente el impacto de las sanciones, el Gobierno venezolano está forzado a negociar con el norteamericano»-.

-Luis Oliveros: «De que hay oportunidades, seguro las hay, sobre todo en energía, el tema es que no sabemos si de verdad China tiene interés en Venezuela. En el pasado lo hubo y se fueron. Debido a las sanciones, no hay otras economías importantes que quieran asumir el riesgo. Es un poco ingenuo pensar que con esta visita de Maduro a China se van a solucionar los problemas del país, estamos muy lejos de eso».   

LEA Las perlas agresivas de Maduro contra dos medios de comunicación por cobertura de su viaje a China

Expertos en materia legal consideran que la detención y destitución del alcalde de El Tigre por someter al escarnio a niños con Asperger pareciera un pretexto para sacarlo de circulación

Coinciden en que si bien los comentarios del alcalde son repudiables, la actuación del Ministerio Público fue desproporcionada y fuera de lugar 

@franzambranor

“¿Quién pintó eso tan horroroso? Me cuentan que fueron los niñitos con Asperger ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas? Me quitan eso de ahí, qué cosa tan espantosa ”, dijo en un audio que se hizo viral el alcalde del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima el pasado 3 de mayo.

A raíz de la masiva difusión del audio, el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenó la detención del funcionario.

En un periodo de apenas tres días fue destituido de su cargo, trasladado esposado y con una capucha a Caracas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e imputado por los supuestos delitos de promoción al odio, acto arbitrario, agravante de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y obstrucción a la libertad de comercio. 

De acuerdo con el fiscal, Paraqueima violó la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y Tolerancia aprobada por la ANC. Aunado a haber incurrido en el pasado en irrespeto a las mujeres, comerciantes, adultos mayores y personas en situación de indigencia.

De ostentar el poder en la localidad de El Tigre, Paraqueima fue fotografiado esposado con ropa deportiva y sin cordones en los zapatos y repudiado por sus propios antiguos compañeros en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 

Posteriormente, el  Ministerio Público solicitó casa por cárcel para Paraqueima por padecer un “trastorno depresivo mayor”.

Además, la Contraloría General de la República inhabilitó a Paraqueima para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 15 años.

Sobre el proceso exprés y la imputación de Paraqueima Runrunes conversó con el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli; la exdiputada y abogada, Tamara Adrián y la experta en criminología y psicólogo social, Magally Huggins.   

¿Considera que la detención, destitución e imputación del alcalde Paraqueima estuvo apegada a derecho?  

Juan Manuel Raffalli: Toda persona que sea sujeto de una orden aprehensión por la presunción de que haya cometido un delito puede ser arrestada en los términos y condiciones que establece la ley mientras se determina su culpabilidad y, mientras tanto, debe presumirse inocente. Lo que ocurre en este caso son los términos en los que se produce, algo absolutamente desproporcionado. Su comentario fue una gran estupidez, sin embargo, lo que hay detrás de esto es una detención desproporcionada a un alcalde que fue electo popularmente y está en funciones. Ni siquiera a los delincuentes agarrados en flagrancia los detienen de esa manera. De inmediato se habló del exalcalde y juramentaron a otra persona. Lo ideal hubiese sido citarlo para que compareciera por sus propios medios ante las autoridades competentes en su domicilio. De hecho, haberlo trasladado de esa forma también puede considerarse una incitación hacia el odio de la persona que se está juzgando. Es un tema delicado que está vinculado a los derechos humanos y a la dignidad de las personas detenidas.

Tamara Adrián: La actitud de Paraqueima es absolutamente populista y despreciable en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con discapacidad, y es un comportamiento que comparte con otros miembros del chavismo como el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, entre otros. Pero incitar al odio es una cosa e imputar un delito de odio es otra. Llamar a la discriminación, al irrespeto e incluso a la muerte es incitación al odio propiamente. Esta Ley contra el Odio no es tal porque fue aprobada por un órgano írrito que fue la Asamblea Nacional Constituyente, creada únicamente con la finalidad de bloquear a la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015.

Magally Huggins: Lo del alcalde Paraqueima tiene puntadas de hilo al revés: eso fue una jugada política, una fachada, porque la Ley para la Atención a las Personas con Trastorno del Espectro Autista Integral acaba de entrar en vigencia y no se podía aplicar cuando Maduro llamó autistas a los opositores o en este caso. En Venezuela las leyes se escriben, pero no se cumplen. Tanta es la farsa que por un lado lo juzgaron y por otro lado lo declararon depresivo para darle casa por cárcel. Como buena venezolana que vive en este país considero que esto es una farsa. 

¿Estamos todos en peligro de ser encarcelados si decimos algo que pueda ser considerado incitación al odio por el Gobierno?

JMR: En cuanto a la Ley del Odio, hemos tenido críticas muy serias, el problema no es que exista una Ley del Odio, hay muchos países que tienen una legislación contra las personas que incitan al odio y son instrumentos que tratan de establecer límites a individuos que  promueven el odio hacia otros. El asunto es que, a diferencia de muchas otras leyes, los tipos penales son abiertos, están sujetos a una importante discrecionalidad porque la determinación del odio y si se produjo este sentimiento es algo muy difícil de probar. Por ejemplo, la estupidez cometida por el alcalde no causó odio contra los niños que pintaron el mural, más bien produjo el rechazo de todos los sectores de la sociedad hacia él.

TA: Esta Ley del Odio se ha aplicado en la práctica contra disidentes políticos, es algo elaborado por el régimen de Maduro para perseguir a quienes lo adversan y por ello la usan con discrecionalidad. Hasta ahora, todos los que han sido encarcelados por esta Ley es porque dijeron algo o tuitearon algo que al Gobierno no le gustó, no es más que un elemento de eliminación de la disidencia. El caso Paraqueima parece tener el mismo sentido, eliminar a alguien que se les había vuelto incómodo porque sus relaciones con el régimen no eran tan fluidas como fueron al comienzo y pudiese estarse perfilando como un ganador para las elecciones de 2025, y esto les preocupaba. 

MH: Claro que la Ley del Odio es discrecional, por supuesto que a cualquier defensor de derechos humanos se la pueden aplicar porque no les gusta lo que dice. Todas las leyes en Venezuela son así: leyes solamente se aplican de acuerdo con el interés político y la principal misión es callarnos a todos. La única fuente de información confiable que existe en Venezuela son las organizaciones de la sociedad civil y a ese nivel no han podido penetrar para que la gente desconfíe de ellas. 

¿La Ley del Odio es algo que funciona a discreción, porque con la finalidad de descalificar y ofender desde el alto Gobierno se ha llamado autistas y homosexuales a miembros de la oposición?  

JMR: El problema de la Ley del Odio es su discrecionalidad, eso que llaman los tipos penales en blanco. Genera una profunda inseguridad jurídica y se convierte en un elemento o una herramienta de persecución, y además de manera injusta, porque en programas de TV percibimos a gente que expresamente se dirige a opositores con palabras altisonantes, incluso desde el alto gobierno, en medios masivos de comunicación. Esta Ley, más que eliminada, debe ser revisada y reformada. En Venezuela, el que se exprese de una manera que no le guste al poder puede ser perseguido bajo la excusa de fomentar el odio, es difícil probar el odio y la extensión de este.    

TA: Existen otros casos que también deberían ser juzgados con el mismo criterio y no lo son. Esto lo que demuestra es el uso instrumental de la justicia y la imputación a través del Ministerio Público de los casos en los que hay temas políticos de por medio. Esto deja claro la ausencia de independencia de poderes, y eso en el fondo lo que impide es que en Venezuela haya inversiones extranjeras, trabajo digno y, por ende, salarios acordes con la situación económica. 

MH: La justicia en Venezuela tiene un nivel cero, es un instrumento de represión social y de control polític0. Por lo tanto, la impunidad tiene todo el control. La Ley del Odio se aplica cuando y contra quien le interese al régimen. Hay una total discreción en todo el sistema de justicia, en donde la principal cabeza es el Presidente, que decide todo lo que se hace para lo cual hay que ver la capacidad que tiene para destruir y no de construir.  

Más información del tema: Detención del alcalde del Tigre llega luego de meses de mensajes denigrantes

La directora interina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, afirma que el proyecto de ley «tendría un impacto sumamente negativo no solo para quienes defienden Derechos Humanos (…), sino también para las víctimas que han recibido su apoyo y acompañamiento»

Miguel Pizarro: «El proyecto de ley busca criminalizar cualquier asociación que busca defender los Derechos Humanos»

La ONG Promedehum afirma que más del 70% de las asociaciones civiles venezolanas ya presentaban restricciones para formalizarse jurídicamente

Diosdado Cabello propuso discutir una ley de regularización para las ONG en Venezuela. Casi 18 años después de su planteamiento, la Asamblea Nacional oficialista aprobó un Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.

Los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por retener las acciones de la sociedad civil en el país no son nuevas, desde el año 2005 se plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. En 2021 se intentó implementar un mecanismo de fiscalización a la sociedad civil que fue rechazado. Pero las declaraciones del diputado Diosdado Cabello este 24 de enero son el primer paso para hacer realidad las restricciones. 

Los dirigentes del chavismo argumentan que algunas organizaciones trabajan «exclusivamente con fines políticos» para «desestabilizar el país» bajo el financiamiento de países como Estados Unidos y el Reino Unido. 

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello presenta ante la AN de Maduro un proyecto de ley contra las ONG en Venezuela: "Son apéndices de organismos para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero" https://t.co/c0FHsVwBU6 pic.twitter.com/tIB1E7Uu59

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 24, 2023

Distintas instituciones dentro y fuera de Venezuela advocadas a los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y la ONG Acceso  a la Justicia, advierten que la ley, de ser aprobada, degradará a la sociedad civil a «cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal» parecidas a gobiernos autoritarios como el de Nicaragua. 

Para Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas en Human Rights Watch, la aprobación de esta ley responde a uno de los «picos de la política de represión del gobierno» como patrón estatal frente a los comicios presidenciales del próximo año. 

Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria en Venezuela de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2015 y comisionado presidencial ante la Organización de las Naciones Unidas, expresó que el proyecto de ley «intenta degradar las oportunidades de un proceso de justicia transicional o que se elimine y se evite la rendición de cuentas de quienes perpetraron violaciones de Derechos Humanos». 

El director de la ONG Promedehum, Rigoberto Lobo, expresó que de aprobarse esta ley «estaríamos hablando de una forma de controlar de manera absoluta y arbitraria la existencia y el trabajo de las organizaciones para lo que esté permitido por parte del gobierno».

También les será aplicable a las ONG y sus integrantes la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo o LOCDOFT @CumpliCriminal @DhMonitor @MonitorIndigena #CriminalCompliance https://t.co/Jk8KfVoXu3

— Fernando M.Fernández (@FM_Fernandez) January 24, 2023

En un panorama de emergencia humanitaria compleja, el gobierno de Nicolás Maduro aún enfrenta una investigación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese aspecto, la ONG Trasparencia Venezuela junto a EsPaja.com advierte que la sociedad civil es una de las pocas ventanas informativas y críticas frente a la opacidad sobre la violencia estatal venezolana. 

Mientras la asamblea nacional oficialista discute el proyecto de ley, el Alto Comisionado de las ONU, Volker Türk, visitó Venezuela para seguir la investigación por crímenes de Lesa Humanidad auspiciado por el gobierno de Maduro.

Runrun.es consultó a tres expertos para analizar el impacto de la propuesta de ley de regulación de ONG y afines en la sociedad venezolana. 

¿Cómo afectaría la propuesta de «ley de regulación de ONG y afines» al proceso de investigación de la ONU sobre los crímenes de lesa Humanidad en Venezuela?

Tamara Taraciuk Broner: 

«Recientemente, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha invitado a las víctimas —incluyendo a familiares de quienes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, individuos arbitrariamente detenidos y aquellos que han sido torturados por las fuerzas de seguridad— a enviar sus opiniones y observaciones. Muchas de estas personas cuentan con el apoyo de una organización no gubernamental por detrás y su cancelación tendría consecuencias nefastas».

«Intentar limitar el trabajo de estas organizaciones no parece ser más que un intento burdo por acallar no solo a voces que cuestionan la represión, sino a aquellas que han sido esenciales para el avance de cualquier mecanismos internacional de rendición de cuentas».

Miguel Pizarro: 

«La ley tiene como objetivo controlar, inhibir e incluso destruir la cooperación internacional y la capacidad de la sociedad civil. Primero, busca asustar a los activistas y que sientan que denunciar, decir la verdad, documentar y llevar un trabajo de incidencia podría llevar desde multas hasta la ilegalización de las organizaciones». 

«Luego busca afectar a las víctimas, a sus representantes e indirectamente a los prestadores de ayuda humanitaria que han venido construyendo el expediente de violaciones a los Derechos Humanos del régimen de Maduro». 

«Ahora, también, este tema jurídico, como esta “Ley de regulación de ONG y afines”, tiene frente de sí una realidad: el sistema de Naciones Unidas tiene muy claro cuál es el contexto en Venezuela. De hecho, la Corte Penal Internacional ya va por la etapa de recabar los testimonios directos de las víctimas, igual que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU está renovada por dos años más y siguen aumentando su capacidad de investigación. A pesar de la amedrentamiento, no creo que en las Naciones Unidas se pueda creer que en Venezuela ya no se cometen crímenes de lesa humanidad». 

Rigoberto Lobo: 

«Afectaría en específico la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque es eso: es una presencia, no es una oficina en Venezuela. La Oficina no tiene capacidad de cubrir el país y de lograr documentar las violaciones en los derechos humanos y acceder a todas las víctimas. Todo este trabajo lo realiza apoyándose sobre la sociedad civil venezolana, sin ellas sería bastante difícil lograr documentar lo que sucede a lo largo y ancho de Venezuela. Las asociaciones civiles son las que tienen conexión en las comunidades». 

«Que aprueben esta ley no afectaría directamente y literalmente a las Naciones Unidas, pero en conclusión terminará afectando lo que sostiene sus investigaciones. Sin un tejido social, un tejido asociativo sobre el cual apoyarse, el trabajo sería bastante difícil, por no decir imposible». 

¿Qué tanto se restringiría la libertad de asociación en Venezuela y el alcance que pueden tener la sociedad civil para las víctimas o la población vulnerable de cara al 2023 y la posible aprobación de la «ley de regulación de ONG»?

Tamara Taraciuk Broner:

«Aprobar esta ley es un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a una persecución que lleva años. Es tan burdo que será el propio Ejecutivo el encargado de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las ONG y podrá disolver de oficio a las organizaciones que, en su criterio, permiten «actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional». Este lenguaje es sumamente amplio y puede prestarse abusos, como ocurre con la Ley contra el Odio».

«Con elecciones presidenciales programadas para 2024 y elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela encara un periodo electoral que en el pasado ha resultado en picos de la política de represión del gobierno. Las organizaciones son las que, en el pasado, han monitoreado e identificado patrones de represión del gobierno y cualquier intensificación en su ofensiva contra el espacio cívico».

«Ya en mayo, junto con otras organizaciones, habíamos expresado nuestra preocupación por un proyecto de cooperación internacional que se presentó a la Asamblea Nacional que permitía la cancelación arbitraria de la personería jurídica de las organizaciones por promover o participar en actividades contrarias a intereses del gobierno. En ese entonces manifestamos que el proyecto tendría consecuencias aún más devastadoras para las personas en situación de vulnerabilidad, cerrando el acceso al apoyo que ofrecen las organizaciones para la protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria; lo mismo puede ocurrir ahora».

«En un contexto como el actual, la aprobación de esta nueva propuesta de ley dejaría a las víctimas más solas, sin el apoyo de quienes han estado a su lado en todos estos años».

Miguel Pizarro: 

«Creo que puede afectarse mucho, y creo que una de las cosas responsables que debemos hacer todos es no disminuirlo solo por narrativa heróica, sino ser muy francos: las organizaciones sin capacidad de recibir financiamiento se van a ver afectadas, las organizaciones sin capacidad de tener protección para poder cumplir con su labor —con su trabajo— en el medio de un asedio del régimen sin duda alguna va a generar dificultades». 

«Lo vimos antes con los medios de comunicación y luego con los partidos políticos. Es parte de una política de hegemonía dentro de Venezuela, donde el poder y el Estado son lo único que está en pie y lo único que decide qué es correcto y qué es incorrecto». 

«Además, esto no apunta solo al corto plazo. El régimen está bajo diversas formas de investigación y busca el desgaste diplomático y el desgaste político en el mediano y largo plazo para tener un control férreo de la vida social, política e institucional del país que los lleve a tener una realidad diferente y tratar de engavetar las investigaciones y de paralizarlas». 

«El antídoto contra esto es mantener más incidencia, mantener más capacidad de alzar la voz. Aquí lo digo un poco como reflexión desde el mundo político: cuando esto ocurrió en el mundo político no hubo la misma cohesión de respuesta para defenderse de los ataques que venían ocurriendo pensando que puede afectar más a unos que otros. Pero también es una gran oportunidad para la sociedad civil y para todos nosotros como venezolanos de apoyar su labor de defender y de tratar de salvar su espacio de acción sin criminalización y represalias». 

Rigoberto Lobo: 

«Lo que sabemos, porque no es realmente publica una versión del proyecto de ley, es que podría dejar a las organizaciones en un limbo, imposibilitando la regulación de las mismas bajo criterios arbitrarios y discrecionales. También busca anular la libertades y autonomías propias de las organizaciones para definir a qué se dedican, cuándo hacen incidencia y cómo trabajar». 

«Esto reduciría el trabajo de las organizaciones a solo lo que esté permitido por parte del gobierno, y eso le restaría total autonomía y quitaría la independencia en su imparcialidad». 

«La imparcialidad no impide que se puedan hablar sobre la situación de de Derechos Humanos en el país, sino simplemente que la asistencia humanitaria es para todas las personas, contrario a lo que puede ser un plan social del gobierno, que va dirigido a las personas susceptibles a ser sujetos (de su medida ideológica) y no a sus necesidades». 

«Lo que quizás es menos visible, pero es más importante, son todas esas personas que son beneficiarias de las organizaciones de Derechos Humanos, bien sea por asistencia humanitaria como tal, pero también por servicios de asistencia jurídica y acompañamiento de casos». 

«Previo a esto ya se vieron unas restricciones de facto: registrar una asociación civil sin fines de lucro en Venezuela que contenga en su acta constitutiva y en su objeto las palabras Derechos Humanos es motivo de rechazo inmediato. Muchas organizaciones se han inscrito de alguna manera cambian esas palabras para poder pasar estos bloqueos de facto que no están en las leyes». 

«Hemos visto muchos registros de asociaciones civiles que expresan que su inscripción ha sido suspendida. En una investigación que hicimos a 53 asociaciones civiles en Venezuela constatamos que más del 70% nunca habían podido constituir el registro, y el resto, que ha podido formalizarse, consiguieron obstáculos para renovar sus juntas constitutivas y cambios de objeto».

«En años anteriores ha sucedido una serie de restricciones a partir de la Providencia 001 y 002, que, si bien no fue aprobada en curso, trajo arbitrariedades individuales por parte de ciertos funcionarios».

«Hay que insistir que ONG no es un término jurídico en Venezuela, es un término que se utiliza a nivel internacional y que sí puede ser la clasificación en otros países. El término ONG se comenzó a usar con el presidente anterior como una etiqueta para estigmatizar a las organizaciones que son realmente autónomas del Estado. Cuando hablamos de “ONG y afines” en este proyecto de ley estamos hablando de un control social a cualquier tipo de asociación que ellos crean que no complace sus criterios». 

¿Cómo describiría el panorama de los Derechos Humanos en Venezuela desde el año 2021, cuando se tuvo el intento más reciente de regular las ONG, hasta ahora?

Tamara Taraciuk Broner: 

«Hay una falsa idea de que las cosas han mejorado en el país, pero la realidad es que el panorama de Derechos Humanos sigue siendo de enorme preocupación, y lo que ocurrió esta semana —con la propuesta de ley para regular a las organizaciones de la sociedad civil— lo demuestra»

«Venezuela es uno de los pocos países donde podemos ver tres crisis simultáneas: una crisis de derechos humanos, una crisis humanitaria y una crisis migratoria que tienen un impacto devastador en los derechos de los venezolanos. Hay más de 7 millones de personas que se vieron obligadas a salir del país, una de las crisis migratorias más grandes del mundo, y otros 7 millones que requieren ayuda humanitaria. Y cómo si fuera poco, se cometen una larga lista de abusos contra los Derechos Humanos con total impunidad». 

Miguel Pizarro: 

«Venezuela ha tenido un ataque progresivo contra el espacio cívico, contra la capacidad de asociación, la capacidad de organización, la capacidad de expresarse, la capacidad de militar o de activar en distintos tipos de movimiento. Esto ha tenido diversas expresiones: desde la represión masiva en protestas del 2017 y como eso derivó en más de 100 asesinados en el marco de las manifestaciones, la ilegalización de los partidos políticos, la construcción de poderes supraconstitucionales, y muchas otras más». 

«Tal como lo han determinado diversas investigaciones y reportes de tanto de la OEA como de la ONU: el Estado venezolano busca destruir cualquier forma de disidencia, de callar o eliminar cualquier forma de organización y reclamo. Todas estas acciones, como el proyecto de ley, buscan criminalizar la asociación y organización que defiende los derechos».

Rigoberto Lobo: 

«Es una continuación e incremento del retroceso que vemos desde el año 2013 en el caso de Venezuela». 

«Cuando hablamos del término amplio de la libertad de asociación vemos que ya ha sido bastante golpeado: los partidos políticos y los sindicatos y los gremios que estuvieron mucho tiempo acaparados por el oficialismo hasta hace poco. Además de los atropellos de violencia física y estructural de las instituciones críticas al gobierno y dedicadas a los Derechos Humanos». 

«Tenemos un contexto de libertad de asociación bastante deteriorado en Venezuela. Todo indica que no será un panorama para seguir trabajando de la mejor manera».

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Pero fue dos años después que el organismo decidió que los 10 de diciembre sería la fecha para conmemorar las garantías fundamentales de todas las personas, sin distinción de raza, género o religión. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, reza la declaración en su artículo 1.

Para Alí Daniels, abogado de la ONG Acceso a la Justicia, no hay nada que celebrar en Venezuela. 

“Tenemos un país que está en la Corte Penal Internacional, siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad y con una emergencia humanitaria compleja”, dice el jurista a Runrun.es. 

“Lo que los defensores de derechos humanos debemos exigir, y la ciudadanía en general, es que haya respeto por los derechos humanos en un país donde la arbitrariedad es algo cotidiano”

Para ahondar más en el panorama actual de derechos humanos en el país y qué podemos esperar de las instancias internacionales.

Consultamos a Victoria Capriles, Directora Adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana; Marianna Romero, abogada y Directora General del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ); y a Ezequiel Monsalve, abogado y Coordinador Legal de Defiende Venezuela.

¿Cómo ha sido el panorama de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante 2022 y cuál ha sido el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables (mujeres, niños, pueblos indígenas, presos políticos, personas mayores, personas LGBTIQ+)?

Victoria Capriles

Venezuela continúa sumida en una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala y gravedad, aunado a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Un elemento que podemos utilizar para determinar cómo se encuentra la situacion de derechos humanos es el agravamiento de la crisis de movilidad humana venezolana que hay en toda la región. A pesar, por ejemplo, del aumento de las peticiones de visa, el título 42 en los Estados Unidos, la imposición de visas en México y Centroamérica, el flujo de venezolanos continúa de manera constante y la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela ya ha documentado más de 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados alrededor del mundo. Comprendiendo que esta cifra es mayor si se tiene en cuenta que la mayoría de los gobiernos realmente no toma en cuenta las personas que tienen doble nacionalidad y las personas en situación irregular.

Podemos ver también cómo ha aumentado de forma exponencial el tránsito de venezolanos por el tapón del Darién a los fines de alcanzar Centro y Norteamérica. Ni siquiera la imposición de visas, ni siquiera cerrar las fronteras ha logrado minimizar esta crisis que se vive y de la cual los venezolanos son ahora los protagonistas

Por supuesto esta emergencia afecta de forma diferenciada a personas mas vulnerables como son las mujeres, los niños, los presos, indigenas, etc. En el caso de la crisis de movilidad estamos viendo cada vez más un aumento en el fenomeno de la trata de mujeres venezolanas, particularmente para fines de la explotación sexual. De igual manera, estamos viendo cada vez mas un aumento de niños, niñas y adolescentes migrantes solos, no acompañados pero tambien de niñas, niños y adolescentes que se quedan solos en el país mientras sus familiares migran

Y finalmente la Misión Internacional independiente para la Determinaciónde los Hechos también ha documentado la manera en la que las ejecuciones extrajudiciales y la falta de acceso a la justicia afecta de forma diferenciada a las mujeres, pues sufren violencia de género y revictimizaciones particulares al género que tienen.

Marianna Romero

Durante el 2022, las violaciones de derechos humanos han continuado debido a que el cierre del espacio cívico democrático continua, la política de criminalización, represión y control social sigue vigente y la Emergencia Humanitaria sigue teniendo impactos en la población, especialmente en el disfrute de los derechos económicos, sociales , culturales y ambientales

Igualmente hemos visto un aumento de la desigualdad durante este año, hemos visto como la crisis de servicios básicos se mantiene. Y en especial el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado como la política de criminalización, bajo la lógica del enemigo interno, sigue afectando el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Solo entre enero y octubre hemos podido registrar 394 agresiones en contra del movimiento de derechos humanos, lo que refleja cómo el Estado no tiene una voluntad política real de garantizar los derechos humanos, de cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Ezequiel Monsalve

El panorama es bastante desalentador para este 2022, a pesar de que el Estado venezolano ha tenido que lidiar con una investigacion ante la CPI, que los visibiliza mucho más, ha tenido que lidiar con múltiples informes de distintos organismos internacionales. En ese sentido, esto ha sido aún igual de dramático, a pesar de estos informes que intentan contrarrestar el avance de las violaciones de derechos humanos

En casos como, por ejemplo, lo los operativos de seguridad ha sido muy evidente que siguen implementándose como un mecanismo de control social, que de cierta forma el Estado utiliza en estos sectores para poder controlar la situación de lo que ellos creen o consideran es la delincuencia organizada, ha violado masivamente los derechos hhumanos de estas personas. Esto no solamente se ha visto en los barrios desfavorecidos de Caracas sino también en el interior del pais, en la Operación Trueno en Altagracia de Orituco o la Operaicon Roraima al sur. 

El impacto ha sido gigantesco porque, como se han venido perfeccionando estos operativos, hemos visto que la disminución en el derecho a la vida ha sido evidente pero el aumento en distintas violaciones de derechos humanos ha sido abundante. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, o la intimidad o el derecho a la integridad personal. 

Se avecinan elecciones primarias y presidenciales en Venezuela en los próximos años, ¿cree que los atropellos y violaciones a los derechos humanos se profundicen, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado en estas épocas?

Victoria Capriles

Desde el CDH-Unimet hemos documentado el aumento de las violaciones a los derechos humanos en períodos electorales. Por ejemplo, aumentan las detenciones arbitrarias, el acoso a miembros de la sociedad civil y actores políticos, se encuentran criminalizadas las actividades de los partidos considerados de oposición, hay un inhabilitación importante de candidatos, la censura de los medios de comunicación, violaciones particulares del ejercico al voto de las comunidades indígenas.

Entendemos que puede ocurrir nuevamente una profundización de las violaciones a los derechos humanos. Esperamos que la reanudación del diálogo permita que mejoren las condiciones electorales. De igual manera desde la sociedad civil estaremos documentando, denunciando y difundiendon todas las violaciones a los derechos humanos que ocurran en el marco de este evento electoral.

Marianna Romero

Ante un contexto de eventuales eventos electorales, ciertamente es importante estar atentos, seguir documentando cómo avanza la situación, denunciar cualquier abuso que pueda ser cometido en la esfera de los derechos humanos. Porque ciertamente existen patrones y ha ocurrido en el pasado que en tiempos electorales el Estado incrementa la represión, las medidas restrictvas de las libertades, se comenten abusos en el marco de los derechos civiles y políticos

De cara a 2023 y 2024 es importante reiterar la necesidad de la garantíaa de un espacio cívico, democrático, libre, donde la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin temor a represalias, pueda ejercerse el derecho al voto de forma universal, libre y secreto y con todas las garantías necesarias para un proceso electoral 

Ahí reiteramos la importancia también de garantizar el trabajo de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones de derechos humanos sin que sea criminalizada su labor como ha venido siendo la situación en los ultimos años donde cada vez son más criminalizados y atacados las personas defensoras al ejercer su trabajo de documentación, denuncia y visibilización.

Ezequiel Monsalve

Ha sido una constante de Venezuela la intensificación a las violaciones a los derechos humanos en contexto de elecciones, particularmente a los derechos políticos de los venezolanos. Yo creo que el Estado va a intentar nuevamente desarticular liderazgos de la oposición venezolana para asegurar su efectividad en el marco de esas elecciones.

También es posible que en el caso de una irregularidad, el Estado vuelva a utilizar el factor de la represión, tal vez no de manera tan evidente como en periodos de 2017 o 2014, pero sí va a volver a aplicar efectos represivos a personas que deseen manifestar en elecciones. Las elecciones presidenciales son para mí un factor que no van a sacrificar nunca y van a utilizar todo el aparataje del Estado y todo el aparataje represivo para poder asegurar sus reelecciones en Venezuela.

Aunque el chavismo ha intentado demostrar que hace justicia juzgando a algunos responsables en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por los que se les señala, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió renovar dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela. ¿Qué podemos esperar de la decisión de la Corte Penal Internacional? En caso de una respuesta positiva para juzgar a Nicolás Maduro y otros responsables del gobierno venezolano en un tribunal internacional, ¿qué significaría para las víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela?

Victoria Capriles

La no elección de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos y la renovación del mandato de la Misión de Determinación son en sí mismos una declaracion de la posición de la comunidad internacional frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país. 

De igual forma, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió cinco casos de violaciones a los derechos humanos de personas venezolanas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual debe pronunciarse sobre su jurisdicción. Desde la sociedad civil esperamos una respuesta positiva pues esto abriría las puertas a ms formas de justicia y reparación

En cuanto a la CPI, hay que entender que este es un proceso lento. Si bien somos el primer país de América Latina donde se empieza una investigación, la misma tiene un proceso complejo que apenas está comenzando. Luego de ello vendría el juicio para finalmente llegar a la sentencia, entendiendo que también hay un proceso de apelación. Sin embargo, ya el hecho de que se esté en fase de investigación es una suerte de reparación, justicia y verdad para las víctimas y que se irá profundizando a medida que continue el proceso.

Marianna Romero

Este año en materia de justicia internacional ha sido muy importante para Venezuela. Efectivamente en el mes de octubre el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato no solo de la Mision Internacional Independiente de Determinacion de Hechos sobre Venezuela, sino también extendió igualmente por dos años el mandato dado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de seguir monitoreando la situacion de Venezuela. 

Además, la fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado sobre la necesidad de avanzar con el proceso de investigación frente al proceso de Venezuela que está en curso en este tribunal internacional. Aquí es muy importante destacar que estos procesos en el seno del litigio estrategico internacional son procesos no necesariamente expeditos, nosotros hablamos siempre de una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad.

Hay que seguir documentando para poder nutrir los distintos procesos de investigación que se están llevando a cabo en el seno de estas instancias. De seguir denunciando los abusos que se están cometiendo, cómo persiste la impunidad y demostrar lo necesario que es el uso complementario de estos mecanismos para poder avanzar en el alcance de verdad, justicia y reparación

Ezequiel Monsalve 

La CPI ha representado para muchas víctimas, incluso para aquellos que no están dentro del contexto de la investigación, la esperanza para que sus casos no queden en impunidad y para muchos puede llegar a ser un factor político interesante para una transición a la democracia en Venezuela. Son dos expectativas muy altas. La primera por el tema de la impunidad, sabemos que en Venezuela la altas tasas de impunidad es un problema estructural del país y por otro lado una transición a la democracia implica la salida de Nicolás Maduro del gobierno 

Entonces yo creo que ante estas altas expectativas, lo que decida la CPI va a tener un efecto inmediato en ambos aspectos. 

Si hay un juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, va a significar un acercamiento importante a las reparaciones integrales de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos porque incluso aquellos casos que han sido resueltos en fase penales a través de condenatorias a autores materiales, no representa una reparación integral o una investigación que simplifique la verdad de lo que ocurrió en esos hechos.